El gobierno diseñará nuevas medidas para recaudar y hacer frente al déficit en materia de infraestructura que atraviesa el país.
Por eso ya está trabajando en la elaboración de un nuevo tributo para que los sectores de la economía que utilizan las carreteras hagan un aporte mayor en función de lo que rompen. El objetivo trazado es que en el primer cuatrimestre del año que viene el proyecto ya esté listo y comience a ser discutido en el Parlamento, según informaron a El Observador fuentes de Presidencia.
“El que rompe, paga”. Así le llaman y lo que recaude irá para la refacción de carreteras. Los informantes dijeron que Uruguay debe avanzar “notoriamente” en infraestructura tras el crecimiento económico sin pausa por encima de los promedios históricos del país. En tal sentido, alertaron que no tomar medidas de este tipo sería poner una barrera al intento por mantener los altos niveles de desempeño de la actividad productiva.
El diseño del nuevo tributo está en manos de los técnicos que trabajan en la órbita de Presidencia de la República. Ese nuevo instrumento desde ya divide a los colaboradores directos del presidente José Mujica y a quienes responden al liderazgo del vicepresidente Danilo Astori. Como en varios asuntos tributarios, los dos principales bloques ideológicos de la coalición de izquierda tienen visiones contradictorias, esta vez debido a los tiempos.
Los mujiquistas consideran que en estos temas hay que actuar de manera ágil y garantizar los recursos para hacer frente a las obras que el país necesita. Sin embargo, en el astorismo dicen que con el impuesto a las grandes extensiones de tierra en marcha es necesario esperar a ver cómo responden los sectores afectados y no sumar un nuevo tributo antes de tener claro que su rentabilidad no se verá afectada.
El ministro de Transporte y Obras Públicas, Enrique Pintado, dejó clara su posición.
“Yo creo que sería apresurado hoy poner el acelerador allí (en el que rompe, paga) porque habrá un impuesto a la concentración de la tierra que va a dar recursos para la caminería departamental. Eso nos obliga a ver cuánto vamos a recaudar en la práctica, cuál es el impacto sobre el sector rural en el tipo de presión tributaria”, dijo el ministro Pintado a El Observador en declaraciones publicadas el 27 de noviembre.
El titular de Transporte pidió, además, tener en cuenta que hay un panorama mundial repleto de nubarrones.
“Hay señales de la economía mundial que debemos tener en cuenta. Es verdad que están creciendo las toneladas transportadas y todo eso, pero el mundo está en una situación complicada y hay que verlo. Porque por más que sean distintos conceptos no se puede estar siempre presionando sobre el mismo punto. Ahí hay un riesgo de que ese punto se rompa”, agregó Pintado.
El mujiquismo no piensa lo mismo y ya tienen puesto el pie en el acelerador para hacer realidad el nuevo impuesto.
Integrantes del equipo de Presidencia que asesoran en forma directa a Mujica dijeron a El Observador que los recursos que recaude el impuesto a los campos mayores a 2.000 hectáreas irán exclusivamente a mejorar la caminería rural profunda, pero que aún hay necesidades urgentes para las carreteras.
Uno de ellos dijo que la circulación de autos no rompe las rutas y por eso consideran hasta injusto que no haya medidas específicas para que quienes más deterioran la red vial no colaboren con su reparación. “Funciona así en muchos países del mundo. Los que rompen más, deben pagar más”, afirmó.
El impuesto al agro fue impulsado por Mujica y sus asesores de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). Los astoristas nunca lo compartieron aunque se comprometieron a acompañarlo en el Parlamento por disciplina partidaria. Esa semana, el proyecto de ley será ratificado por la cámara de senadores.
Características
Básicamente, el nuevo tributo deberán pagarlo las empresas que transportan granos, madera y, en menor medida, ganado. El aporte que harán será en función de la magnitud de la empresa. Esto se debe a que, cuanto más toneladas trasladen por la red vial, mayor será la tasa que deberán abonar.
Con esta medida el gobierno aspira a sumar una nueva fuente de recaudación y desarrollar un cronograma de obras para dejar solucionados problemas derivados de la falta de infraestructura.
En el gobierno interpretan que el país hoy “lamenta” no haber hecho “nada” en ese rubro durante muchos años y hoy se están pagando las consecuencias.
En el oficialismo se estima que la mayor reforma que implementó esta administración fue la elaboración de un proyecto de ley para dar validez e impulso a la asociación con capitales privados y hacer frente al déficit de infraestructura.
Más allá de la utilización de esa herramienta, en el Poder Ejecutivo creen que no todas las obras se pueden realizar bajo la Participación Público Privada (PPP) ya que otro tipo de inversiones deben hacerse con fondos puramente estatales. Para eso es necesario recaudar.
Al mismo tiempo, el gobierno tiene otra apuesta en marcha para el transporte de mercadería: la reforma del tren.
En Presidencia hay consciencia de que hoy la enorme mayoría del transporte de carga se realiza a través de empresas privadas y que, una vez que el ferrocarril esté en marcha, habrá una opción firme y pública.
El gobierno quiere transformar a AFE en una empresa pública pero que opere bajo el derecho privado.
Por eso ya está trabajando en la elaboración de un nuevo tributo para que los sectores de la economía que utilizan las carreteras hagan un aporte mayor en función de lo que rompen. El objetivo trazado es que en el primer cuatrimestre del año que viene el proyecto ya esté listo y comience a ser discutido en el Parlamento, según informaron a El Observador fuentes de Presidencia.
“El que rompe, paga”. Así le llaman y lo que recaude irá para la refacción de carreteras. Los informantes dijeron que Uruguay debe avanzar “notoriamente” en infraestructura tras el crecimiento económico sin pausa por encima de los promedios históricos del país. En tal sentido, alertaron que no tomar medidas de este tipo sería poner una barrera al intento por mantener los altos niveles de desempeño de la actividad productiva.
El diseño del nuevo tributo está en manos de los técnicos que trabajan en la órbita de Presidencia de la República. Ese nuevo instrumento desde ya divide a los colaboradores directos del presidente José Mujica y a quienes responden al liderazgo del vicepresidente Danilo Astori. Como en varios asuntos tributarios, los dos principales bloques ideológicos de la coalición de izquierda tienen visiones contradictorias, esta vez debido a los tiempos.
Los mujiquistas consideran que en estos temas hay que actuar de manera ágil y garantizar los recursos para hacer frente a las obras que el país necesita. Sin embargo, en el astorismo dicen que con el impuesto a las grandes extensiones de tierra en marcha es necesario esperar a ver cómo responden los sectores afectados y no sumar un nuevo tributo antes de tener claro que su rentabilidad no se verá afectada.
El ministro de Transporte y Obras Públicas, Enrique Pintado, dejó clara su posición.
“Yo creo que sería apresurado hoy poner el acelerador allí (en el que rompe, paga) porque habrá un impuesto a la concentración de la tierra que va a dar recursos para la caminería departamental. Eso nos obliga a ver cuánto vamos a recaudar en la práctica, cuál es el impacto sobre el sector rural en el tipo de presión tributaria”, dijo el ministro Pintado a El Observador en declaraciones publicadas el 27 de noviembre.
El titular de Transporte pidió, además, tener en cuenta que hay un panorama mundial repleto de nubarrones.
“Hay señales de la economía mundial que debemos tener en cuenta. Es verdad que están creciendo las toneladas transportadas y todo eso, pero el mundo está en una situación complicada y hay que verlo. Porque por más que sean distintos conceptos no se puede estar siempre presionando sobre el mismo punto. Ahí hay un riesgo de que ese punto se rompa”, agregó Pintado.
El mujiquismo no piensa lo mismo y ya tienen puesto el pie en el acelerador para hacer realidad el nuevo impuesto.
Integrantes del equipo de Presidencia que asesoran en forma directa a Mujica dijeron a El Observador que los recursos que recaude el impuesto a los campos mayores a 2.000 hectáreas irán exclusivamente a mejorar la caminería rural profunda, pero que aún hay necesidades urgentes para las carreteras.
Uno de ellos dijo que la circulación de autos no rompe las rutas y por eso consideran hasta injusto que no haya medidas específicas para que quienes más deterioran la red vial no colaboren con su reparación. “Funciona así en muchos países del mundo. Los que rompen más, deben pagar más”, afirmó.
El impuesto al agro fue impulsado por Mujica y sus asesores de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). Los astoristas nunca lo compartieron aunque se comprometieron a acompañarlo en el Parlamento por disciplina partidaria. Esa semana, el proyecto de ley será ratificado por la cámara de senadores.
Características
Básicamente, el nuevo tributo deberán pagarlo las empresas que transportan granos, madera y, en menor medida, ganado. El aporte que harán será en función de la magnitud de la empresa. Esto se debe a que, cuanto más toneladas trasladen por la red vial, mayor será la tasa que deberán abonar.
Con esta medida el gobierno aspira a sumar una nueva fuente de recaudación y desarrollar un cronograma de obras para dejar solucionados problemas derivados de la falta de infraestructura.
En el gobierno interpretan que el país hoy “lamenta” no haber hecho “nada” en ese rubro durante muchos años y hoy se están pagando las consecuencias.
En el oficialismo se estima que la mayor reforma que implementó esta administración fue la elaboración de un proyecto de ley para dar validez e impulso a la asociación con capitales privados y hacer frente al déficit de infraestructura.
Más allá de la utilización de esa herramienta, en el Poder Ejecutivo creen que no todas las obras se pueden realizar bajo la Participación Público Privada (PPP) ya que otro tipo de inversiones deben hacerse con fondos puramente estatales. Para eso es necesario recaudar.
Al mismo tiempo, el gobierno tiene otra apuesta en marcha para el transporte de mercadería: la reforma del tren.
En Presidencia hay consciencia de que hoy la enorme mayoría del transporte de carga se realiza a través de empresas privadas y que, una vez que el ferrocarril esté en marcha, habrá una opción firme y pública.
El gobierno quiere transformar a AFE en una empresa pública pero que opere bajo el derecho privado.