La Suprema Corte de Justicia estaba al tanto de que la jueza Anabella Damasco –procesada por siete delitos de peculado– había retirado dinero incautado en procedimientos judiciales pero la mantuvo en el cargo hasta último momento. La Justicia en Crimen Organizado, detectó hasta el momento que se apropió de US$ 55 mil incautados en casos vinculados a narcotráfico, proxenetismo y aborto.
Según dijo a El Observador el ministro de la Suprema Corte, Jorge Larriuex, separarla del cargo o abrirle un sumario “parecía apresurado” dado que todavía no había “elementos suficientes”. “En ese momento se iniciaba la investigación judicial y por el principio de inocencia preferimos esperar”, dijo. Larrieux admitió que estaban al tanto “desde el inicio de la investigación tiempo atrás, por lo que (su procesamiento) no causó sorpresa”.
Fuentes vinculadas al caso dijeron a El Observador que las irregularidades cometidas por la jueza se descubrieron hace seis o siete meses cuando uno de los abogados reclamó el dinero incautado a su clienta, procesada por proxenetismo. Desde ese momento la actual titular del juzgado, Adriana de los Santos, informó a la corporación del faltante de dinero y de la investigación judicial curso. Larrieux negó que la corporación conociera desde hace siete meses las irregularidades.
La Suprema Corte decidió este jueves no aceptarle la renuncia a Damasco, iniciarle un proceso disciplinario con retención de sueldo y le encargó a la jueza De los Santos una investigación administrativa que abarque todo el período en el cual Damasco estuvo al frente de la sede penal.
Esa investigación revisará también la conducta de las actuarias que firmaron las órdenes de pago y posibilitaron que la magistrada retirara el dinero del banco.
Rastrearán bienes
Por su parte, el juez en Crimen Organizado, Jorge Díaz, rastreará los registros públicos vinculados a la jueza Damasco y sus familiares, para investigar a dónde fue a parar el dinero y si tiene bienes a nombre propio o de otras personas.
En la Justicia existe el convencimiento de que la magistrada “no actuó sola” pero en su declaración Damasco optó por no vincular a terceros. En su testimonio afirmó que estuvo amenazada y que si decía por qué había cometido el delito “debía involucrar a otras personas”.
Cuando el juez Díaz le preguntó quién la mantenía amenazada, ella –desde su experiencia– respondió: “Usted no me puede obligar a que lo diga”. El procesamiento de la jueza echa ahora un manto de duda sobre toda su actuación. Y de hecho, Damasco había sido denunciada ante la SCJ por abogados.
El abogado Javier Simonetti, defensor del contador Ruben Weizman, procesado por Operación Chimed, dijo a El Observador que la denunció debido a un documento que ella mencionó en el auto de procesamiento pero que no figuraba en el expediente y que apareció 30 meses después. La Corte archivó esa denuncia.
En ese caso hubo otras irregularidades que se le señalaron a Damasco. El juez que la sucedió cuando ascendió, Federico Álvarez Petraglia descubrió que la sede había estado omisa en incautar bienes pertenecientes a los narcos. Investigadores policiales se enteraron por medio de escuchas telefónicas de la negociación de la venta de la Torre Plaza Independencia y de la Torre Tamaro en Punta del Este. Sin embargo, la jueza no trabó el embargo para evitar la venta.
Por su parte, el abogado Víctor della Valle dijo a El Observador que poco antes de que ascendiera iba a denunciar a Damasco. “Había atraso en los procesos, escritos que se perdían, ocultamiento de expedientes, se pedía un expediente y ella argumentaba que se había formado un presumario aparte y que era reservado”, aseguró.
No aceptaron la renuncia
La Suprema Corte de Justicia resolvió no aceptar la renuncia que presentó Damasco el martes y remitirla al fiscal de Corte, Rafael Ubiría, para que este emita un pronunciamiento. Los ministros se reunieron este jueves durante tres horas en forma extraordinaria para analizar el caso.
Sin embargo, la Corte consideró que dada la gravedad del delito cometido, la jueza debe ser sometida a proceso disciplinario y verse afectada en sus derechos jubilatorios, lo que ocurre solo en caso de ser sumariada.
Por otra parte, la Suprema Corte estudia la elaboración de un protocolo de actuación para las sedes penales, en relación al manejo de dinero incautado en investigaciones. El ministro Daniel Gutiérrez afirmó que hasta ahora no era necesario “agregar un control a los jueces”.
“Seguramente esa inspección que se dispuso sugiera alguna medida de control adicional y si corresponde se dispondrá”, dijo. Mensualmente todos los juzgados reciben un listado del dinero que está depositadas en las cuentas y la Corte analizará reforzar ese control.
El episodio desató también la competencia entre jueces para ocupar el cargo de Damasco en el tribunal de apelaciones. El sueldo de los ministros es de $ 106.165, con las compensaciones que reciben.
Los ex compañeros de Damasco en la gremial están sorprendidos por el procesamiento.
Según dijo a El Observador el ministro de la Suprema Corte, Jorge Larriuex, separarla del cargo o abrirle un sumario “parecía apresurado” dado que todavía no había “elementos suficientes”. “En ese momento se iniciaba la investigación judicial y por el principio de inocencia preferimos esperar”, dijo. Larrieux admitió que estaban al tanto “desde el inicio de la investigación tiempo atrás, por lo que (su procesamiento) no causó sorpresa”.
Fuentes vinculadas al caso dijeron a El Observador que las irregularidades cometidas por la jueza se descubrieron hace seis o siete meses cuando uno de los abogados reclamó el dinero incautado a su clienta, procesada por proxenetismo. Desde ese momento la actual titular del juzgado, Adriana de los Santos, informó a la corporación del faltante de dinero y de la investigación judicial curso. Larrieux negó que la corporación conociera desde hace siete meses las irregularidades.
La Suprema Corte decidió este jueves no aceptarle la renuncia a Damasco, iniciarle un proceso disciplinario con retención de sueldo y le encargó a la jueza De los Santos una investigación administrativa que abarque todo el período en el cual Damasco estuvo al frente de la sede penal.
Esa investigación revisará también la conducta de las actuarias que firmaron las órdenes de pago y posibilitaron que la magistrada retirara el dinero del banco.
Rastrearán bienes
Por su parte, el juez en Crimen Organizado, Jorge Díaz, rastreará los registros públicos vinculados a la jueza Damasco y sus familiares, para investigar a dónde fue a parar el dinero y si tiene bienes a nombre propio o de otras personas.
En la Justicia existe el convencimiento de que la magistrada “no actuó sola” pero en su declaración Damasco optó por no vincular a terceros. En su testimonio afirmó que estuvo amenazada y que si decía por qué había cometido el delito “debía involucrar a otras personas”.
Cuando el juez Díaz le preguntó quién la mantenía amenazada, ella –desde su experiencia– respondió: “Usted no me puede obligar a que lo diga”. El procesamiento de la jueza echa ahora un manto de duda sobre toda su actuación. Y de hecho, Damasco había sido denunciada ante la SCJ por abogados.
El abogado Javier Simonetti, defensor del contador Ruben Weizman, procesado por Operación Chimed, dijo a El Observador que la denunció debido a un documento que ella mencionó en el auto de procesamiento pero que no figuraba en el expediente y que apareció 30 meses después. La Corte archivó esa denuncia.
En ese caso hubo otras irregularidades que se le señalaron a Damasco. El juez que la sucedió cuando ascendió, Federico Álvarez Petraglia descubrió que la sede había estado omisa en incautar bienes pertenecientes a los narcos. Investigadores policiales se enteraron por medio de escuchas telefónicas de la negociación de la venta de la Torre Plaza Independencia y de la Torre Tamaro en Punta del Este. Sin embargo, la jueza no trabó el embargo para evitar la venta.
Por su parte, el abogado Víctor della Valle dijo a El Observador que poco antes de que ascendiera iba a denunciar a Damasco. “Había atraso en los procesos, escritos que se perdían, ocultamiento de expedientes, se pedía un expediente y ella argumentaba que se había formado un presumario aparte y que era reservado”, aseguró.
No aceptaron la renuncia
La Suprema Corte de Justicia resolvió no aceptar la renuncia que presentó Damasco el martes y remitirla al fiscal de Corte, Rafael Ubiría, para que este emita un pronunciamiento. Los ministros se reunieron este jueves durante tres horas en forma extraordinaria para analizar el caso.
Sin embargo, la Corte consideró que dada la gravedad del delito cometido, la jueza debe ser sometida a proceso disciplinario y verse afectada en sus derechos jubilatorios, lo que ocurre solo en caso de ser sumariada.
Por otra parte, la Suprema Corte estudia la elaboración de un protocolo de actuación para las sedes penales, en relación al manejo de dinero incautado en investigaciones. El ministro Daniel Gutiérrez afirmó que hasta ahora no era necesario “agregar un control a los jueces”.
“Seguramente esa inspección que se dispuso sugiera alguna medida de control adicional y si corresponde se dispondrá”, dijo. Mensualmente todos los juzgados reciben un listado del dinero que está depositadas en las cuentas y la Corte analizará reforzar ese control.
El episodio desató también la competencia entre jueces para ocupar el cargo de Damasco en el tribunal de apelaciones. El sueldo de los ministros es de $ 106.165, con las compensaciones que reciben.
Los ex compañeros de Damasco en la gremial están sorprendidos por el procesamiento.
Causas
US$ 5.532
Proxenetismo. El 4 de diciembre de 2003 personal del Departamento de Orden Público realizó un allanamiento en un caso de prostitución, se incautaron 4.000 euros (US$ 5.532), US$ 313 y $140, que el personal del DOE entregó a la jueza en mano el 20 de enero. En el auto de procesamiento Damasco dispuso depositar el dinero incautado en el BROU pero nunca lo hizo. La procesada reclamó el dinero pero Damasco no respondió, luego se extravió el expediente y debió ser reconstruido. En junio de 2007 dictó sentencia condenatoria pero no dispuso el decomiso del dinero por lo cual la mujer volvió a reclamarlo. En el 2010 se dispuso devolverlo pero el dinero no estaba.
Proxenetismo. El 4 de diciembre de 2003 personal del Departamento de Orden Público realizó un allanamiento en un caso de prostitución, se incautaron 4.000 euros (US$ 5.532), US$ 313 y $140, que el personal del DOE entregó a la jueza en mano el 20 de enero. En el auto de procesamiento Damasco dispuso depositar el dinero incautado en el BROU pero nunca lo hizo. La procesada reclamó el dinero pero Damasco no respondió, luego se extravió el expediente y debió ser reconstruido. En junio de 2007 dictó sentencia condenatoria pero no dispuso el decomiso del dinero por lo cual la mujer volvió a reclamarlo. En el 2010 se dispuso devolverlo pero el dinero no estaba.
US$ 9.594
Aborto. El 29 de diciembre de 2003 se procesó a los responsables de una clínica abortiva. En el allanamiento se incautaron $ 30 mil y US$ 24.810. Fueron depositados en el BROU los $ 30 mil y US$ 23.260. Se quedó con US$ 1.550. En diciembre de 2003 la esposa de uno de los procesados pidió la devolución del dinero en el expediente que también fue extraviado. El 23 de junio Damasco libró un oficio al BROU por el cual ordenó le entregaran US$ 2.139. Se presentó en la sucursal Zabala y cobró el dinero. El 19 de setiembre de 2006 libró otra orden, para retirar US$ 2.850. En junio de 2007 dictó sentencia y no dispuso el comiso del dinero. Cuando se quiso devolver se descubrió que faltaban US$ 9.594.
US$ 38.849
Chimed. La Brigada Antidrogas desbarató una red de narcotraficantes e incautó el 5 de setiembre de 2006 en total US$ 38.015, 117.070 euros y $ 196.345 en varias viviendas y hoteles. Días después se allanó el cambio Durazno donde se incautaron US$ 2.522 y $ 141.181. Los dólares fueron depositados en el BROU. Los euros fueron entregados en mano a la jueza, quien depositó 113.070 y se quedó con 4.000. El 11 de enero de 2007 Damasco retiró de su cuenta personal 113.128 euros, 9 minutos depuse deposito en la cuenta judicial 107.128 euros, se quedó con 6.000 euros.El 10 de junio libró un oficio para que el BROU le entregara US$ 25.047.“Sorpresa, aflicción y congoja”
Aborto. El 29 de diciembre de 2003 se procesó a los responsables de una clínica abortiva. En el allanamiento se incautaron $ 30 mil y US$ 24.810. Fueron depositados en el BROU los $ 30 mil y US$ 23.260. Se quedó con US$ 1.550. En diciembre de 2003 la esposa de uno de los procesados pidió la devolución del dinero en el expediente que también fue extraviado. El 23 de junio Damasco libró un oficio al BROU por el cual ordenó le entregaran US$ 2.139. Se presentó en la sucursal Zabala y cobró el dinero. El 19 de setiembre de 2006 libró otra orden, para retirar US$ 2.850. En junio de 2007 dictó sentencia y no dispuso el comiso del dinero. Cuando se quiso devolver se descubrió que faltaban US$ 9.594.
US$ 38.849
Chimed. La Brigada Antidrogas desbarató una red de narcotraficantes e incautó el 5 de setiembre de 2006 en total US$ 38.015, 117.070 euros y $ 196.345 en varias viviendas y hoteles. Días después se allanó el cambio Durazno donde se incautaron US$ 2.522 y $ 141.181. Los dólares fueron depositados en el BROU. Los euros fueron entregados en mano a la jueza, quien depositó 113.070 y se quedó con 4.000. El 11 de enero de 2007 Damasco retiró de su cuenta personal 113.128 euros, 9 minutos depuse deposito en la cuenta judicial 107.128 euros, se quedó con 6.000 euros.El 10 de junio libró un oficio para que el BROU le entregara US$ 25.047.“Sorpresa, aflicción y congoja”
La Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU), de la cual Anabella Damasco era presidenta hasta el pasado martes, declaró su “sorpresa, aflicción y congoja” por el procesamiento con prisión de la colega. Los jueces señalaron que “el Poder Judicial actúa sin ninguna clase de cortapisas, quien quiera que sea la persona involucrada; de tal manera se reafirma como uno de los pilares básicos en que se asienta un Estado de Derecho”. En el comunicado destacaron que “los órganos jurisdiccionales (...) funcionan con total eficacia también cuando tal control refiera a las personas que lo integran”. Ahora asumirá la titularidad del gremio el juez penal de 17º turno, Carlos García.
