Un proyecto de gobierno crea el delito de "enriquecimiento ilícito"

El gobierno envió al Parlamento un proyecto de ley que propone establecer como delito el "enriquecimiento ilícito", cosa que la legislación actual no castiga. La intención es que tenga una pena que oscilará entre los 18 meses y los seis años de prisión.
La iniciativa, que fue elaborada por la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) que depende del Ministerio de Educación y Cultura, cuenta con el aval del presidente José Mujica y el gabinete ministerial, que decidieron remitirlo al Parlamento para su análisis.
La Jutep (conocida popularmente como Junta Anticorrupción) fue creada en 1998 y tiene entre sus cometidos básicos recolectar y resguardar las declaraciones juradas de los funcionarios públicos, así como ejercer como perito judicial en casos de corrupción.
El proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo busca "actualizar y ajustar" algunos aspectos relativos al funcionamiento y competencias de la Jutep, en base a la experiencia adquirida desde 1998 y recomendaciones de organismos internacionales, explicó el presidente del organismo, Adolfo Pérez Piera.
Entre las principales novedades del proyecto, se encuentra la propuesta de establecer como delito el "enriquecimiento ilícito", figura que actualmente no existe como delito en el Código Penal.
Consultado por El País, Pérez Piera recordó que en 1998, cuando se creó la Jutep, se propuso establecer el delito de "enriquecimiento ilícito", pero no se aprobó por la falta de un voto en el Senado.
Sin embargo, el titular del organismo consideró que "pasados 13 años de aquella discusión parlamentaria, es bueno volver a plantear el tema, porque se trata de un delito que existe en casi todos los países del mundo y es un instrumento eficiente para detectar posibles casos de corrupción".
Según el proyecto de ley, incurrirá en delito el funcionario público que en una indagatoria judicial no pueda justificar "la procedencia de un significativo enriquecimiento patrimonial suyo o de persona interpuesta para disimularlo".
La iniciativa aclara que "siempre que el hecho no derive en otro delito más grave" -como lo puede ser por ejemplo el "lavado de activos"- el "enriquecimiento ilícito" será castigado con una pena que oscilará entre los 18 meses y los seis años de reclusión.
Además, al funcionario que incurra en este delito le podrá ser impuesta una multa de entre 50 a 20.000 Unidades Reajustables (UR) y también se expondrá a una inhabilitación de entre dos y seis años para ocupar cargos públicos.
estado patrimonial. La legislación actual sobre transparencia y ética pública prevé que de los funcionarios públicos obligados a presentar declaraciones juradas ante la Jutep, solamente las del presidente y vicepresidente de la República deben hacerse públicas a través del Diario Oficial y la página web del organismo.
Sin embargo, el proyecto de ley presentado en el Parlamento habilita a que cualquier persona se presente ante la Jutep y pida tener acceso al resultado patrimonial de los jerarcas del gobierno como ministros, legisladores, intendentes o directores de organismos públicos.
Pérez Piera explicó que si bien se podrá conocer el resultado patrimonial que arroja la relación del patrimonio activo con el negativo, no se dará a conocer el detalle de bienes ni cuentas bancarias.
INCUMPLIMIENTO. Por otro lado, el proyecto de ley también establece cambios en relación al incumplimiento en la presentación de las declaraciones juradas ante la Jutep.
Según informó Pérez Piera, actualmente hay 11.500 funcionarios públicos obligados por ley a presentar sus declaraciones ante el organismo. De ese total, el 70% cumple en tiempo y forma, el 27% tras el inicio de un proceso administrativo y el 3% recién al término de ese procedimiento legal.
Al respecto, el proyecto de ley elimina el largo proceso administrativo que actualmente debe seguirse antes de declarar que un funcionario se encuentra en omisión en relación a su obligación de presentar su declaración jurada.
Por eso, cuando se apruebe la ley, el funcionario en falta podrá ser sancionado con la retención del 50% de su sueldo sin más trámite. "Esperemos que genere un mayor cumplimiento", concluyó Pérez Piera.

En 2010 abrieron 49 declaraciones

En 2010, por orden de la Justicia, la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) abrió las declaraciones juradas de 49 funcionarios públicos, casi el doble que en 209, cuando se analizó el patrimonio de 27 personas.
Sin embargo, si se compara la cantidad de sobres abiertos el año pasado con los que se analizaron en 2008, hubo una notoria disminución, ya que se pasó de 96 casos a 49.
A su vez, en 2010, la Jutep actuó como perito judicial en seis investigaciones por presunta corrupción pública. Ese total implica un número sensiblemente menor al registrado años anteriores, cuando el organismo intervino en su condición de asesor de la Justicia en unos 30 expedientes.
Por otro lado, en 2009 la Jutep recibió 6.487 declaraciones juradas, lo que en el acumulado desde 2000, representa un total de 61.704 documentos, según la última memoria anual del organismo que está disponible en su sitio web.
El presidente de la Jutep, Adolfo Pérez Piera, expresó a El País que el organismo cuenta solamente con 11 funcionarios presupuestados, además de los tres miembros que ocupan la dirección de la institución, para cuyos cargos se requiere venia parlamentaria.
"La Junta tiene que fortalecer su personal, que es claramente insuficiente para el funcionamiento", indicó Pérez Piera. Aclaró que ello no será un impedimento para aplicar las potestades que prevé el proyecto de ley para la Jutep, porque existe la posibilidad de contratar personal para casos específicos.