El Ministerio del Interior, la Suprema Corte de Justicia y la Fiscalía General de la Nación firman acuerdo por interceptaciones legales de telecomunicaciones.

El Ministerio del Interior, la Suprema Corte de Justicia y la Fiscalía General de la Nación suscribirán el próximo martes 1º de diciembre a las 14:00 horas un protocolo de actuación destinado a regular las interceptaciones legales de comunicaciones. 

Este acuerdo tiene por objetivo principal dotar de transparencia al procedimiento, desarrollando un mecanismo que permita verificar el flujo de solicitudes, las decisiones de los magistrados con competencia en materia Penal y la respuesta obtenida de las operadoras de telecomunicaciones.

El acto para la firma del mencionado instrumento tendrá lugar en la sede de la Suprema Corte de Justicia (Palacio Piria, Pasaje de los Derechos Humanos Nº 1310) y contará con la presencia del ministro (I) del Interior, Lic. Jorge Vázquez, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Jorge Chediak y del Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, Dr. Jorge Díaz..

El documento establece la necesidad de determinar claramente "el proceso de tramitación de los requerimientos de información e interceptación legal de comunicaciones" y propone que "el Poder Judicial y la Fiscalía General de la Nación tendrán acceso únicamente al software de Sistema Administrativo de Interceptaciones Legales (SAIL), el cual dará soporte administrativo al flujo de solicitudes de interceptación, decisiones de los magistrados penales de todo el país y respuestas de las operadoras de telecomunicaciones". En este marco "cada parte se compromete a generar controles internos en el uso del SAIL".

A través del nuevo sistema, los jueces penales podrán monitorear el estado de ejecución de la medida que han ordenado.

Además, el protocolo plantea el compromiso futuro de instrumentar un convenio entre el Ministerio del Interior, el Poder Judicial, la Fiscalía General de la Nación y las operadores de telecomunicaciones, con la finalidad de que estas últimas asuman la tarea de entregar a la Suprema Corte de Justicia la información detallada sobre las medidas de interceptación que se han efectivizado, discriminadas según el magistrado que las ordenó y la tipología de las mismas.