Por eso hasta el momento no piensan en alternativas, sino que creen que con un decreto el MSP podrá hacer cumplir a los ginecólogos con la justificación por escrito de su negativa.
Pero además, entienden que en la redacción de la ley el espíritu de la objeción de conciencia es claro, y no debería generar más de una interpretación. Cuando el tema comenzó a debatirse para que fuera incluido en la ley de despenalización del aborto, muchos legisladores no creyeron efectivamente que se daría la situación que está ocurriendo, sobre todo en el interior del país, donde decenas de profesionales se ampararon en la posibilidad que establece la ley para no indicar la interrupción de embarazos. Otros, como la senadora y presidenta del FA, Mónica Xavier (Partido Socialista), aseguran que advirtieron que esta situación sucedería, tal como ocurrió en otras partes del mundo.
Quieren cobrar
Pero además, existe el convencimiento de que parte de esos médicos que firmaron la objeción de conciencia lo hicieron porque quieren cobrar la indicación de interrupción del embarazo como un acto médico.
“Lo que ha pasado en muchos países, es que muchos profesionales aducen la objeción, cuando lo que tratan de evitar es un acto médico más. No se si esta propuesta soluciona, pero hay que hacerlo, porque no puede ocurrir que algunas personas se escuden en la objeción de conciencia, que tengo absoluta convicción de que se debe respetar, pero no para encubrir divergencias con la ley o con su reglamentación. Esto implica firmeza. No hay que hacer concesiones a situaciones que son una ficción”, dijo Xavier a El Observador. Consultada sobre si entiende que los médicos pretenden cobrar por ese acto, señaló que cree que “si se pagara sería otra la respuesta” en algunos casos. Manifestó “total respaldo” al subsecretario.
La diputada Daniela Payssé (Asamblea Uruguay) dijo a El Observador que “hay un problema más mundano que tiene que ver con el acto médico y lo que las sociedades médicas pujan para que sea considerado desde el punto de vista económico”. Cree que “la objeción debe ser de conciencia, pero cuando se rasca un poco pueden aparecer cuestiones en las que la conciencia falta a la cita”. Aseguró compartir que haya profesionales que interpongan la objeción “pero no porque trabajan en una institución puntual, no sea cosa cosa que después paguen por esto en esa institución ¿y donde queda la conciencia?”, dijo.
El senador Luis Gallo (Asamblea Uruguay) coincidió con las legisladores. En muchos casos “no se plantea un tema filosófico”, sino que “no quieren realizar el procedimiento porque no es remunerado, está dentro de sus obligaciones y es un trabajo más que tienen que realizar”. “Me da la impresión de que se están negando por un problema laboral”, concluyó.
Por su parte, el diputado Alvaro Vega (MPP) consideró que la objeción de conciencia “debe existir, pero la responsabilidad sobre el paciente debería estar por encima de lo que uno piense”. La solución que cree más efectiva es que los médicos que no quieran hacerlo, lo solucionen, por ejemplo, derivando a la paciente a otro profesional. A su juicio muchos se niegan a hacer el procedimiento porque “no se la juegan”.
Blancos y colorados llamarán a jerarcas del MSP al Parlamento
Legisladores blancos y colorados ya tienen resuelto convocar al ministro de Salud, Jorge Venegas, y al subsecretario Leonel Briozzo para que den explicaciones sobre la idea de exigir a los médicos la justificación por escrito de su objeción de conciencia a la hora de indicar los procedimientos de interrupción del embarazo. El senador colorado Alfredo Solari esperará la culminación del receso parlamentario para convocar a las autoridades a la comisión de Salud y eventualmente al plenario del Senado. Solari, que también es médico, dijo a El Observador que “salir a cuestionar la conciencia de los profesionales es una cosa muy grave, no se debe hacer, y no se debe tolerar”. Señaló que tuvo contacto con algunos colegas, en especial de Salto, y que “las amenazas son ante situaciones concretas en las que algunos ginecólogos plantearon objeción de conciencia”. Agregó que en la Sociedad Médico Quirúrgica del departamento recibieron una llamada de la encargada de Salud Sexual y Reproductiva del MSP, Leticia Rieppi “cuestionando la forma de actuación y la objeción de conciencia de los médicos de la institución”. Solari entiende que la vía que utiliza el MSP es “inapropiada” porque “en lugar de dialogar con las instituciones está utilizando el poder”. “Yo nunca en mis 40 años de vida profesaional, vi forzar la conciencia de una persona”, concluyó.
Por su parte, el diputado Javier García dijo a El Observador que lo que plantea Briozzo “es una ilegalidad absoluta”, ya que “la ley es muy clara en el sentido de que basta la sola objeción de conciencia” para negarse a realizar la indicación. Consideró que la decisión ministerial “es una forma de presionar, absolutamente antidemocrática”, ya que “en una sociedad democrática ningún estado ni gobierno tienen derecho a pedir a las personas explicaciones por sus ideas”. Para el legislador lo que se plantea es “el más oscuro Maccarthismo del siglo XXI, donde se piden explicaciones por las ideas para luego someter ante un tribunal inquisidor para decir si son válidas”.
García aseguró que su colega Gerardo Amarilla tiene resuelto convocar al ministro al Parlamento. “Yo espero que sea simplemente el exabrupto del malestar pasajero del subsecrtario, pero de lo contrario estará sujeto a las responsabilidad que supone actuar fuera de la ley”, dijo.
El Observador