Según supo El Observador, el gobierno y Casal están negociando un acuerdo para determinar que el empresario y el resto de los contratistas embargados desde 2008 por la Justicia –a pedido de la DGI– no deben nada, y que, a cambio, todos se comprometen a no iniciar demandas contra el Estado. La intención de las partes es que el acuerdo sea suscrito por Presidencia y de esta manera poner fin a un litigio que lleva cuatro años.
El mismo viernes pasado en que se supo sobre el tema, Salle solicitó en el Juzgado de Crimen Organizado “una medida cautelar de no innovar respecto de la situación litigiosa” entre Casal, la DGI y el Poder Ejecutivo, “hasta tanto no se dirima la presente investigación judicial penal”, según expresa el documento al que accedió El Observador.
La investigación judicial penal a la que se refiere el penalista comenzó el 20 de julio de este año, cuando Salle denunció al ministro de Economía, Fernando Lorenzo, y al fiscal de Gobierno, Miguel Toma, por encargar a un estudio jurídico privado un informe para determinar si Casal incurrió o no en defraudación tributaria. Salle entiende que el informe debió realizarlo un funcionario público.
Por este caso, Lorenzo y Toma declararon el martes ante el juez Valetti como indagados. Si bien Lorenzo no estaba obligado a declarar ante el juez, por su calidad de ministro, el secretario de Estado concurrió a la sede judicial, fuera del horario del juzgado, para ofrecer su testimonio.
Lorenzo declaró ante el juez y al fiscal de la causa que le resultó difícil encontrar un experto en el tema para consultar porque la mayoría ya trabajaban o habían asesorado al menos alguna una vez a Casal.
El ministro dijo que buscó su cartera de Economía pero se encontró con que no tenía un experto tributarista de prestigio a quien consultar. Sin embargo, Salle cuestionó la decisión de contratar a un abogado externo y planteó que todos los funcionarios del Poder Ejecutivo deben abstenerse de seguir interviniendo en el caso. El fiscal estudiará el asunto y emitirá una opinión sobre el caso y luego el juez Valetti resolverá si da lugar o no a la solicitud del abogado reclamante.
El Observador