-¿Cómo defenderá Uruguay ante la Organización de Estados Americanos la legalización de la venta de marihuana?
-Lo que propone Uruguay implica regular un mercado de tráfico y consumo de cannabis de una manera que no es penal. Este debate se está dando en el mundo entero. En la Cumbre de Cartagena se instaló el debate a partir de presidentes insospechables de ser de izquierda. Nuestro presidente (José) Mujica también llevó ese punto de vista y lo novedoso, a mi entender, es que el presidente de Estados Unidos (Barack) Obama dijo que no está de acuerdo con la liberalización total pero que sí está dispuesto a discutir. La Cumbre de Cartagena le dio un mandato a la OEA para organizar un estudio y un debate sobre el tema drogas. El estudio se realizará con la Organización Panamericana de la Salud, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación Andina de Fomento. Es decir que los primeros pasos que ha dado el secretario general de OEA, José Miguel Insulza, son auspiciosos. Esto es un triunfo diplomático de Uruguay. La comisión de estupefacientes está integrada por 56 países que son los que determinan las políticas mundiales de drogas y desde 2008 Uruguay sostiene abrir un debate democrático para superar el modelo vigente y denominado "guerra a las drogas". Lo que propone el gobierno es coherente con lo que viene reclamando desde 2008. Y que Estados Unidos esté dispuesto a abrir un debate es importante porque rompe con dos códigos muy fuertes que hubo siempre en el régimen de fiscalización: un componente puritano y moralista donde nada se podía debatir porque hacerlo era darle una concesión al mal, y la posibilidad de superar el encare de "guerra". Más allá de las medidas concretas como autocultivo, clubes cannabicos, producción, etc., lo importante es debatir todo este tema desde una perspectiva de derechos, donde se incluye el derecho a la seguridad. Es un enfoque que merece ser discutido en serio.
-OEA propuso instalar el debate y Uruguay anuncia una medida concreta. Esta situación generó críticas de Colombia, del gobierno de Chávez y también de ONU. ¿Cómo se para Uruguay frente a esto?
-Es cierto que Uruguay anuncia una medida pero también es cierto que hace años reclama el debate y recién ahora, en Cartagena, éste se instala. Colombia desarrolló el Plan Colombia, instaló bases militares y tiene el derecho soberano a instalar su política nacional. Brasil tiene un enfoque peculiar en Río de Janeiro de combate al narcotráfico. Nosotros no tenemos definida la medida concreta, por lo tanto estamos también a nivel internacional dispuestos a escuchar. Pero queremos avanzar en un debate, escuchar, pero también, soberanamente, instalar algunas medidas de regulación de mercados de drogas para ponerlo como insumo al debate. Por otra parte, Uruguay es un país serio. Aquí hemos hecho políticas nacionales muy positivas en drogas y hay un prestigio cultural y político en materia de derechos humanos. Uruguay es un Estado respetado. Esta es una iniciativa al servicio del debate y no para llevarse por delante a nadie.
-El artículo 3 de la Convención de 1961 sobre estupefacientes dice claramente, entre muchos otros aspectos, que los Estados parte deben penar la producción, tráfico y venta de drogas.
-El mismo artículo en el apartado dos tiene las reservas que puedan hacer los países de acuerdo a sus preceptos nacionales y sus leyes. También es verdad que en estos momentos hay una tendencia a flexibilizar las condiciones de las convenciones porque si no corremos el riesgo de que todo el mundo se vaya de ellas. Uruguay no plantea que se va a ir de la Convención, plantea discutir y va a tomar medidas flexibles en torno a este tema. Por otro lado, hay una tendencia creciente en el sistema de Naciones Unidas a privilegiar los instrumentos y principios del Derecho internacional por sobre la fiscalización de drogas. Hay un informe aprobado por un relator especial que dice que el derecho a la salud y la seguridad está por encima de los tratados de fiscalización. Es un enfoque novedoso y compatible con esto. La medida sobre la marihuana se toma para conservar la paz y la seguridad, no para legalizar por legalizar. Ese es un principio que se puede esgrimir perfectamente.
-¿Uruguay denunciará la Convención?
-Es una decisión que habrá que analizar, pero no estamos para denunciar, los tratados están hechos para cumplirse.
"No hubo garantías" en juicio a Lugo
"Paraguay debe saber que no basta con el cumplimiento de las reglas constitucionales sino que también debe respetar el debido proceso, que no fue lo que ocurrió en el caso del juicio político al expresidente Fernando Lugo", sostuvo el embajador ante la OEA Milton Romani.
En un momento de la entrevista con El País, Romani dijo que "en todo el continente hemos ganado una alerta temprana frente a cualquier amenaza que tenga la democracia".
Admitió que en este caso se cumplió con la Constitución y el proceso se ajustó a Derecho, "salvo que el acusado no tuvo todas las garantías del caso para defenderse. Lo que ocurre en América puede llegar a generar la suspicacia sobre la desestabilización de gobiernos progresistas. La preservación de la paz y la democracia es un capital que hay que cuidar. La democracia no son sólo elecciones libres. Parecería que hay un modus operandi nuevo en la región para desestabilizar gobiernos".
GONZALO TERRA - El País Digital