La telefónica Claro defendió su derecho a preservar la identidad de sus clientes frente a los reclamos de la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicación ( Ursec). Argumenta que el Estado es un competidor más en el mercado de las telecomunicaciones y, por tanto, no debe contar con información estratégica sobre el asunto. “No podemos estar brindando información sobre nuestros clientes ya que estamos hablando de un servicio en competencia. Entonces, antes de dar esos datos, nos tienen que explicar por qué razón se los tenemos que dar. Nosotros estamos trabajando de acuerdo a lo que la licencia nos permite. La Ursec, como ente regulador, podrá controlar todo lo que le corresponda controlar. Pero nosotros pagamos mucho dinero por nuestra licencia”, dijo a El Observador el gerente general de Claro, Horacio Alvarellos.
A Claro aún no le llegó la réplica de la Ursec al documento que le entregó el martes 3 y en el que la telefónica reconoció que estaba usando fibra óptica para conectar a internet y, basándose en argumentos jurídicos, señaló que no estaba obligada a brindar detalles sobre los servicios que presta.
A diferencia de Claro, la Ursec advierte que sólo ANTEL tiene el permiso para conectar clientes a la red a través de fibra óptica. Y, por eso, tras el reconocimiento formal de Claro, el ente regulador resolvió poner a trabajar a su equipo de gerentes, técnicos y abogados. También lanzó una investigación en “varios frentes” para detectar los sitios en los que se están cometiendo las irregularidades y prepara sanciones contra la firma de capitales mexicanos, según publicó ayer El Observador.
“Ya se acabó el tiempo de las intimaciones. No vamos a entrar en una seguidilla de acciones burocráticas. Las irregularidades fueron reconocidas formalmente y llegó el momento de actuar”, dijo una fuente oficial.
Sin embargo, la filial uruguaya de la empresa que dirige el magnate mexicano Carlos Slim redobló la apuesta basándose en el supuesto de que no está violando ninguna regla “Estamos cumpliendo con los pasos que ya estaban previstos. Y dimos la información que teníamos que dar. Ahora la Ursec nos tendrá que dar una respuesta al documento que le presentamos. Nosotros estamos dando los servicios bajo el paraguas que nos autoriza nuestra licencia”, dijo Alvarellos. Es decir, Claro sostiene que la Ursec le debe responder por escrito a su negativa de dar datos sobre los clientes a los que les está sirviendo fibra óptica. Recién después resolverá sus futuros pasos. En cambio, en la Ursec consideran que el organismo ya advirtió repetidamente acerca del impedimento que tienen las telefónicas privadas. En la intimación que el organismo le envió a Claro y a Movistar a mediados de diciembre, se les pidió que anoticiaran acerca de la identidad de sus clientes, la ubicación y la fecha de comienzo del servicio, las condiciones del contrato, así como “el detalle de las características técnicas de la infraestructura desplegada, incluyendo trazados y capacidades”.
Sanciones.
Los que incumplan las normas que dicta la Ursec se exponen a diversas sanciones que serán graduadas según la “gravedad y reiteración” de la infracción.
Según el decreto 414/010 firmado por el presidente José Mujica y el ministro de Industria, Roberto Kreimerman, a la hora de tomar esas decisiones se toman en cuenta las “dificultades y perjuicios” a terceros y el “grado de afectación del interés público”. “El abuso de la licencia otorgada al amparo del presente reglamento (...) constituirán faltas muy graves. La no cesación de las conductas violatorias determinará, previa intimación, la revocación de la licencia”, dice el decreto.
Como causales para quitar las licencias, el decreto dice explícitamente que se incurrirá en una falta grave al “(brindar) servicios diferentes a aquellos para los que ha obtenido licencia, previa intimación de cese de la prestación con plazo de cinco días hábiles”.
El sindicato de ANTEL ya había pedido las mayores sanciones para Claro para impedir que “empresario alguno, nacional o extranjero, se burle del marco legal uruguayo”.
Claro con la unidad reguladora de las comunicaciones
Un monopolio “contra la discriminación”Detrás, o más bien delante del enfrentamiento entre las telefónicas privadas y la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicación (Ursec) se encuentran diferentes concepciones acerca del alcance que debe tener el monopolio de ANTEL. Los actores privados sostienen que debe haber ciertos límites para que sus empresas no compitan en condiciones de inferioridad, pero en el ente estatal quieren que esos límites se extiendan todo lo posible. La principal abanderada de esta posición es la presidenta de Antel, Carolina Cosse. una persona de confianza de la senadora Lucía Topolansky. El martes 27 de diciembre durante una reunión con directores y gerentes de la empresa, Cosse defendió el monopolio porque, dijo, “es el Estado el único que está en condiciones de brindar servicios eficientes” y llega a los segmentos más pobres de la población. Según informó El País el jueves 29, Cosse se declaró ferviente partidaria del monopolio en la explotación de las telecomunicaciones ya que de esa forma “se contribuye a consolidar el estado de derecho” y Antel se constituye en un instrumento para combatir la pobreza y la discriminación”. Allí, Cosse se refirió a las telefónicas privadas por utilizar fibra óptica “sin disponer de autorización”
A Claro aún no le llegó la réplica de la Ursec al documento que le entregó el martes 3 y en el que la telefónica reconoció que estaba usando fibra óptica para conectar a internet y, basándose en argumentos jurídicos, señaló que no estaba obligada a brindar detalles sobre los servicios que presta.
A diferencia de Claro, la Ursec advierte que sólo ANTEL tiene el permiso para conectar clientes a la red a través de fibra óptica. Y, por eso, tras el reconocimiento formal de Claro, el ente regulador resolvió poner a trabajar a su equipo de gerentes, técnicos y abogados. También lanzó una investigación en “varios frentes” para detectar los sitios en los que se están cometiendo las irregularidades y prepara sanciones contra la firma de capitales mexicanos, según publicó ayer El Observador.
“Ya se acabó el tiempo de las intimaciones. No vamos a entrar en una seguidilla de acciones burocráticas. Las irregularidades fueron reconocidas formalmente y llegó el momento de actuar”, dijo una fuente oficial.
Sin embargo, la filial uruguaya de la empresa que dirige el magnate mexicano Carlos Slim redobló la apuesta basándose en el supuesto de que no está violando ninguna regla “Estamos cumpliendo con los pasos que ya estaban previstos. Y dimos la información que teníamos que dar. Ahora la Ursec nos tendrá que dar una respuesta al documento que le presentamos. Nosotros estamos dando los servicios bajo el paraguas que nos autoriza nuestra licencia”, dijo Alvarellos. Es decir, Claro sostiene que la Ursec le debe responder por escrito a su negativa de dar datos sobre los clientes a los que les está sirviendo fibra óptica. Recién después resolverá sus futuros pasos. En cambio, en la Ursec consideran que el organismo ya advirtió repetidamente acerca del impedimento que tienen las telefónicas privadas. En la intimación que el organismo le envió a Claro y a Movistar a mediados de diciembre, se les pidió que anoticiaran acerca de la identidad de sus clientes, la ubicación y la fecha de comienzo del servicio, las condiciones del contrato, así como “el detalle de las características técnicas de la infraestructura desplegada, incluyendo trazados y capacidades”.
Sanciones.
Los que incumplan las normas que dicta la Ursec se exponen a diversas sanciones que serán graduadas según la “gravedad y reiteración” de la infracción.
Según el decreto 414/010 firmado por el presidente José Mujica y el ministro de Industria, Roberto Kreimerman, a la hora de tomar esas decisiones se toman en cuenta las “dificultades y perjuicios” a terceros y el “grado de afectación del interés público”. “El abuso de la licencia otorgada al amparo del presente reglamento (...) constituirán faltas muy graves. La no cesación de las conductas violatorias determinará, previa intimación, la revocación de la licencia”, dice el decreto.
Como causales para quitar las licencias, el decreto dice explícitamente que se incurrirá en una falta grave al “(brindar) servicios diferentes a aquellos para los que ha obtenido licencia, previa intimación de cese de la prestación con plazo de cinco días hábiles”.
El sindicato de ANTEL ya había pedido las mayores sanciones para Claro para impedir que “empresario alguno, nacional o extranjero, se burle del marco legal uruguayo”.
Claro con la unidad reguladora de las comunicaciones
Un monopolio “contra la discriminación”Detrás, o más bien delante del enfrentamiento entre las telefónicas privadas y la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicación (Ursec) se encuentran diferentes concepciones acerca del alcance que debe tener el monopolio de ANTEL. Los actores privados sostienen que debe haber ciertos límites para que sus empresas no compitan en condiciones de inferioridad, pero en el ente estatal quieren que esos límites se extiendan todo lo posible. La principal abanderada de esta posición es la presidenta de Antel, Carolina Cosse. una persona de confianza de la senadora Lucía Topolansky. El martes 27 de diciembre durante una reunión con directores y gerentes de la empresa, Cosse defendió el monopolio porque, dijo, “es el Estado el único que está en condiciones de brindar servicios eficientes” y llega a los segmentos más pobres de la población. Según informó El País el jueves 29, Cosse se declaró ferviente partidaria del monopolio en la explotación de las telecomunicaciones ya que de esa forma “se contribuye a consolidar el estado de derecho” y Antel se constituye en un instrumento para combatir la pobreza y la discriminación”. Allí, Cosse se refirió a las telefónicas privadas por utilizar fibra óptica “sin disponer de autorización”