Ministerio del Interior rechaza contratación de policías para custodia de comerciantes mediante “servicio 223”.

El ministro interino del Interior, Jorge Vázquez, censuró la actitud de comerciantes que contratan servicios de vigilancia irregulares, con policías como su mano de obra barata, para custodiar sus intereses privados, cuando es ilegal y quita garantías de seguridad mínima a estos funcionarios públicos. La secretaría de Estado presentó una denuncia penal para que la justicia determine responsabilidades del comerciante.

Tras la reunión entre autoridades del Ministerio del Interior y los trabajadores organizados, que incluyó al sindicato policial, el ministro interino Jorge Vázquez anunció un acuerdo que incluye el otorgamiento de los derechos que tiene la familia del policía abatido mientras realizaba tareas de vigilancia de forma irregular para un emprendimiento gastronómico en Montevideo, así como la voluntad del ministerio de gestionar soluciones a los problemas de vivienda y trabajo para la madre de los niños menores.

Sin justificar las irregularidades en las que incurrió el policía abatido, el funcionario puntualizó que lo importante es la protección de la familia ante la pérdida de un padre que buscó mejorar las condiciones de vida de su hogar.

Para el Ministerio del Interior, es una preocupación permanente la protección de los trabajadores policiales, quienes como trabajadores merecen el respeto y la consideración de los uruguayos, porque están abocados a la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos.

Aseguró que las declaraciones realizadas en Cerro Largo no fueron dirigidas a censurar la actitud del policía, sino la de los empresarios o comerciantes que buscan mano de obra barata para custodia de sus intereses, que se traduce en la contratación de horas de “servicio 223”, es decir, la contratación de policías para guardia de lugares privados, situación prohibida por la ley.

El jerarca explicó que el servicio de vigilancia 222 tiene un cupo de 50 horas mensuales por funcionario, y no hay ningún otro artículo que refiera a tareas de seguridad. “La ley expresa que, fuera del artículo 222, el policía tiene prohibido realizar tareas de seguridad. Eso se puso en la ley, y fue aprobada por los parlamentarios, para buscar una mayor protección de los policías, en el sentido de que no tengan horarios extensivos vinculados a tareas de seguridad que implican mucho riesgo desde el punto de vista profesional”, señaló.

En una próxima reunión se tratarán los temas que refieren al informal “servicio 223”. “No debería existir. Cada vez que nosotros nos enteremos que hay un 'servicio 223' lo vamos a denunciar penalmente”, afirmó.

Esta tarde se presentó una denuncia penal en el Juzgado de 12.° Turno para que la Justicia determine responsabilidades del contratante. Asimismo, dijo que si se encuentra funcionarios desempeñando este tipo de tarea, serán sancionados con las medidas disciplinarias que correspondan.